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ANPE reclama la concreción en un acuerdo de todas las medidas comprometidas por el gobierno regional

Ante el incumplimiento de todas y cada una de las propuestas para el sector docente prometidas a lo largo de estos cuatro últimos años de gobierno popular, ANPE vuelve a exigir al Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma la reversión de las condiciones laborales suspendidas al profesorado, la reposición de sus derechos arbitrariamente modificados y la derogación de la normativa que puso en marcha los recortes en Educación antes de que termine la legislatura

Playa Altair

ANPE sigue manifestando su más absoluto rechazo al mantenimiento de la situación actual de los profesionales de la Educación tras los fuertes e injustos recortes que han sufrido en los últimos años -alguno de ellos de forma exclusiva en Castilla-La Mancha- y exige a la Consejería de Educación que, antes de que finalice la presente legislatura, cumpla y haga efectivos los compromisos adquiridos con ellos.

Para ANPE el Gobierno Regional debe reponer de inmediato a todos los docentes en sus derechos afectados a través de un Acuerdo que garantice los compromisos adquiridos.

Así mismo, la recuperación económica regional debe implicar dejar de sacrificar la Enseñanza en Castilla-La Mancha para no seguir relegando a las nuevas generaciones a la cola de la sociedad. Si la Educación en general y el funcionario docente en particular han sido, incomprensiblemente, los primeros maltratados por los recortes imponiéndoles un dramático esfuerzo para pagar la mala gestión del gasto público, ahora deberían ser de los primeros amparados por la recuperación.

Nuestro Gobierno Regional debe ser capaz de revertir la situación actual de retroceso y, cumpliendo con su palabra de que los recortes serían temporales, dar vida a un documento de reposición que restituya al profesorado en sus condiciones previas a la crisis. Dicho documento, por otro lado, deberá ser publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en aplicación del artículo 38.6 de la Ley 7/2007, para que quede

garantizado su cumplimiento y no ocurra, como en legislaturas anteriores, que medidas que formaban parte de los acuerdos firmados quedaran sin aplicar.

La nueva normativa debe suponer la retirada de la rebaja salarial autonómica del 3%, rebaja que mantiene a los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en situación de discriminación en relación con el resto de empleados públicos españoles; esta rebaja se mantiene desde el 2012, cuando los políticos prometieron que era coyuntural y tan solo por un año.

Así mismo, ANPE exige la reposición de los horarios lectivos del profesorado; las reducciones de ratios por aula; el aumento de plazas docentes o la recuperación de toda la paga extra de 2012, de los complementos laborales y del Programa de Acción Social; así como la compatibilidad para los docentes y un nuevo Acuerdo de Itinerancias.

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