La Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha desestimado el recurso
interpuesto por los socialistas contra las normas del Plan de Obras y Servicios
2017 y condena al PSOE al pago de las costas procesales, si bien contra esta
sentencia cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo
La sentencia, además de no encontrar
inconveniente alguno en la distribución de fondos a las pedanías, avala el
hecho de que la Diputación se haga cargo del 100% del coste de las obras en
pedanías de municipios de hasta 1.000 habitantes, manteniendo la excepción para
aquellas que tengan más de 200 vecinos
Una vez más los tribunales han
vuelto a dar la razón a la Diputación, esta vez en relación al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Socialista contra la
aprobación en sesión plenaria de octubre de 2016 de las normas del Plan de
Obras y Servicios (POS) de 2017.
La Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (TSJC-M) ha desestimado el recurso del PSOE avalando las normas del POS
2017 elaboradas por la Diputación y condenando al Grupo Socialista a pagar las
costas procesales, si bien la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso
de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo.
Una noticia que ha sido acogida con satisfacción
por el equipo de Gobierno, puesto que, según el vicepresidente de la
Diputación, Julián Huete, “esta sentencia no solo quita la razón a los
socialistas, sino que, además, avala la gestión del Plan de Obras y Servicios
que está haciendo el equipo de Gobierno con los cambios introducidos en 2017,
sobre todo, en torno a las pedanías”.
De hecho, a su juicio, el alto tribunal viene a
ratificar los criterios poblacionales introducidos por el equipo de Gobierno en
las normas del POS para la asignación de fondos a las pedanías, no ofreciendo
duda alguna sobre el hecho de que las normas están bien hechas porque
benefician a los ciudadanos de la provincia y a las pedanías; no en vano,
algunas de ellas están recibiendo ahora el doble de fondos que con las
anteriores normas.
Y es que, según Huete, la Diputación tiene una
especial preocupación por las pedanías, que se materializa no solo en ese
reparto real de fondos con criterios poblaciones, sino también en la puesta en
marcha por primera vez de un Plan Especial de Pedanías o en las mejoras de
accesos y sistemas de abastecimiento, lo que está permitiendo que haya más
servicios en infraestructuras y más medios.
Para Huete, esta sentencia es, asimismo, una
muestra más del modus operandi del Grupo Socialista “haciendo oposición por
oposición para distraer a la ciudadanía, entretener a la Justicia y entorpecer
la labor del equipo de Gobierno en su afán de trabajar por todos los municipios
de esta provincia, tengan el tamaño que tengan”.
Sentencia
En la sentencia, el alto tribunal entiende, en
contra de lo expuesto por los socialistas, que la elaboración del Plan de Obras
y Servicios de 2017 ha cumplido con todos los trámites legales, no siendo
necesaria una aprobación provisional y la correspondiente formulación de
alegaciones por parte de los interesados. Y es que el TSJC-M considera la
aprobación de estas normas un mero acto administrativo y no una norma reglamentaria,
por lo que tilda de “correcto” el procedimiento seguido por la institución
provincial “en cuanto no debe de seguir las pautas exigidas a la aprobación de
dichas normas según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases de
Régimen Local (LBRL), ni tampoco es exigible la participación ciudadana
mencionada”.
De la misma manera, el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha tampoco considera “discriminatorio y arbitrario”
la obligatoriedad de los Ayuntamientos interesados en optar a las ayudas del
POS de adherirse mediante convenio a los servicios de bomberos y tratamiento de
residuos urbanos. Y es que, a su juicio, al partir de la base de que la
participación en este Plan es voluntaria para los municipios no cree que sea
arbitraria tal obligatoriedad, porque al optar por adherirse al POS, “se puede
acceder a la realización de obras, garantizando, en todo caso, la prestación de
ciertos servicios básicos, tales como bomberos y residuos”. Del mismo modo,
tampoco considera discriminatorio, como piden los socialistas, el hecho de que
se exclusa a la ciudad de Cuenca de esta obligatoriedad por disponer de dichos
servicios, entendiendo que “no se observa ningún trato discriminatorio en el
hecho de tratar de a entidades locales de distinta forma, cuando no se puede
comparar los recursos económicos y habitantes de unas poblaciones con otras,
máxime cuando tiene sus propios servicios”.
Pedanías
Con este fallo, el alto tribunal,además de no
encontrar inconveniente alguno a la distribución de fondos establecida para las
pedanías, respalda el hecho de que la Diputación se haga cargo del 100% del
coste de las obras en pedanías de municipios de hasta 1.000 habitantes,
manteniendo la excepción para aquellas que tengan más de 200 vecinos, no
considerando, como denunciaban los socialistas, que esta salvedad era una clara
“arbitrariedad y discriminación”.
La sentencia, por último, es muy clara a la hora
dequitar la razón a los socialistas cuando afirman que la norma octava del POS
atenta contra el principio de autonomía local al encomendar la redacción y
ejecución de las obras a la propia Diputación. Y es que, a juicio de la Sección
1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC-M, con el artículo 33
del Texto Refundido de la Ley de Bases del Régimen Local (TRLBRL) “queda
patente la competencia de la Diputación Provincial en lo que atañe a la
ejecución de las obras contenidas en el Plan, y por tanto, con todo lo que ello
conlleva, incluida la redacción de los proyectos o su ejecución”; sin olvidar
que, además, “se admite la posibilidad de que los Ayuntamientos de la provincia
asuman la ejecución y contratación de actuaciones incluidas en el Plan, si bien
previa la correspondiente delegación”.
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