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El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la prórroga del Programa Temporal de Refuerzo de los servicios de Dependencia existentes en las direcciones provinciales, que en 13 meses ha permitido reducir en un 43 por ciento los 26.619 expedientes que el anterior Ejecutivo regional dejó sin resolver y el tiempo medio de espera hasta que se percibe una prestación económica o material
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reducido prácticamente a la mitad las resoluciones de PIA (Programa Individual de Atención) que se encontraban en lista de espera desde julio de 2015, al tramitar 11.670 expedientes, un 43 por ciento de los 26.619 que el Ejecutivo de Emiliano García-Page se encontró “guardados en los cajones de la Consejería de Bienestar Social”.
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que esta mañana ha informado de los acuerdos del Consejo de Gobierno, entre los que ha destacado la aprobación de una prórroga del Programa Temporal de Refuerzo de los servicios de Dependencia existentes en cada una de las direcciones provinciales.
En total, el Ejecutivo autonómico destinará a esta prórroga un presupuesto de 787.000 euros destinados a la contratación de 36 funcionarios interinos entre valoradores, técnicos PIA y auxiliares administrativos: 26 por un periodo de un año y 10 por un periodo de 4 meses. De ellos, 8 seguirán prestando sus servicios en Cuenca.
Hernando ha explicado que esta prórroga del programa temporal de refuerzo ha permitido revertir en trece meses esta situación, ya que el pasado mes de agosto el Sistema de Autonomía y Dependencia de Castilla-La Mancha sumó 5.531 beneficiarios más que en julio de 2015 redujo en 5.924 los expedientes de PIA (Programa Individual de Atención) pendientes de resolver, logrando así el mejor mes de agosto desde 2012.
En palabras del portavoz, se trata de personas cuya dependencia “no era importante para el anterior Gobierno” y a las que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reducido a la mitad el tiempo medio de espera desde que se recibe la primera solicitud hasta que se concede una prestación o una ayuda económica o en materia de recursos humanos.
Hernando que ha valorado estos datos “sin darnos golpes de pecho y teniendo claro que hay que seguir en esta dirección”, ha pedido también al Gobierno de España que cumpla lo recogido en la Ley de Atención a la Dependencia y aumenta hasta el 50 por ciento la aportación que realiza a las Comunidades Autónomas para la financiación de este sistema y que, en el caso de Castilla-La Mancha, apenas se sitúa en un 18 por ciento.